Kirguistán: Un año después de los enfrentamientos étnicos, ¿habrá justicia?

Affaires-strategiques.info

Human Rights Watch y Amnistia Internacional son categóricos: Graves irregularidades empañaron los procesos judiciales relacionados con la violencia de junio de 2010, que azotó el sur de Kirguistán. Las investigaciones y los juicios que siguieron a los disturbios adolecen, de hecho, de parcialidad a favor de la mayoría de Kirguistán y por lo tanto, en detrimento de la minoría uzbeka. Un año después de los hechos, ambas organizaciones piden a las autoridades de Kirguistán arrojar luz sobre lo sucedido y hacer justicia a las miles de víctimas y sus familias.

Mujeres kirguises oran en público para conmemorar los disturbios étnicos de junio de 2010 en Kirguistán (Oseledko Vyacheslav/AFP/Getty Images)

El 10 de junio de 2010, violentos disturbios estallaron al sur entre kirguises y miembros de la comunidad uzbeka. Históricamente las relaciones entre las dos comunidades son tensas, debido en parte a las disparidades económicas a expensas de los uzbecos, que representan el 15 y 20% de la población de Kirguistán. Esta antigua república soviética está al borde de la guerra civil, la policía está autorizada a disparar sin previo aviso para tratar de restablecer el orden. Resultados de estos enfrentamientos: 470 muertos, miles de heridos y cientos de miles de desplazados. Tres cuartas partes de las víctimas eran miembros de la minoría uzbeka. Estas víctimas fueron golpeadas, violadas y torturadas.

Sin embargo, los últimos informes de cada organización muestran que el 85% de los procesados son uzbekos (115 de 124 personas acusadas de asesinato). Human Rights Watch denuncia la corrupción y la desigualdad de trato por origen étnico. No se ha hecho justicia, los esfuerzos por promover la reconciliación son en vano, lo que alimenta las tensiones que pueden conducir un día a más violencia.

Ambos estudios llegaron a conclusiones similares. Las investigaciones criminales sobre la violencia de 2010 se caracterizaron por el uso generalizado de detenciones arbitrarias y abusos, incluso casos de tortura. Los informes también revelan que los tribunales se basaron en gran medida en confesiones obtenidas bajo tortura para condenar a los acusados a largas penas de prisión. Estas condenas se impusieron posteriormente después de audiencias judiciales en las que los acusados y sus abogados fueron amenazados, y otras formas de intimidación que las autoridades permitieron sin hacer algo al respecto. Además, están pendientes miles de casos sin resolver.

Es difícil no concluir que las autoridades estaban preocupadas sobre todo por satisfacer a la mayoría étnica kirguiz que hacer la debida justicia. De hecho, los informes muestran que después de haber apoyado la investigación independiente llevada a cabo por la comunidad internacional, las autoridades abruptamente rechazaron sus conclusiones, calificándolas de inaceptables y acusando a los investigadores de presentar a la minoría usbeka como “víctimas indefensas”. En efecto, esta comisión internacional encontró evidencias sólidas que muestran los ataques generalizados, sistemáticos y coordinados hacia los uzbekos. Si estos hechos se comprobaran en los tribunales, serían calificados como crímenes de lesa humanidad.

Fuentes: Radio Francia Internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch   

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