Promover el respeto a los derechos humanos protegiendo a los refugiados (5a. y última parte)

David Matas

Sri Lanka

En mayo de 2009, Sri Lanka terminó una larga guerra civil entre las fuerzas Cingalés y las Tamiles. La guerra que tuvo lugar entre los años 1983 y 2009 produjo 80,000 muertes. Culminó en una frenética matanza y luego, la detención en masa de civiles tamiles.

Soldados del gobierno montan guardia en Jaffna, al norte de Sri Lanka (Lakruwan Wanniarachchi/ AFP/ Getty Images)

Los refugiados huyeron de la guerra y de sus consecuencias inmediatas por todos los medios que podían, a menudo pagándoles a los contrabandistas. Un grupo de refugiados arribó clandestinamente a bordo del buque MV Ocean Lady.

Se puede ver el problema que este tipo de legislación plantea en la promoción de los derechos humanos. Viola los derechos de los refugiados. Se maltrata a las personas que ya han sufrido demasiado, acumulando maltratos en el país de asilo además de los maltratos del país del que huyeron.

La guerra civil en Sri Lanka fue provocada por la sistemática discriminación y la exclusión de la mayoría cingalesa contra la minoría tamil. La respuesta del Tigre Tamil fue desmedida: terrorismo y atentados suicidas, con el fin de obtener un estado Tamil independiente, un crimen de lesa humanidad, un remedio peor que la enfermedad. La reacción, aunque extremadamente violenta, tampoco excusa el maltrato que la generó. Ahora que la mayoría cingalesa ganó la guerra civil, el maltrato engendrado se convirtió en algo peor. Es una victoria sin magnanimidad.

La legislación canadiense está mal en principio. Pero en su contexto está aún peor. Le dice al gobierno Cingalés, que siga maltratando a la minoría tamil. No nos importa.

Debido a que la legislación se produjo como respuesta a los arribos ilegales de tamiles, la legislación envía el mensaje a Sri Lanka de que no nos preocupan los maltratos de la población tamil. Estamos más preocupados por nuestras fronteras y la política de entrada que con lo que pasa a los tamiles de regreso a casa.

En abril de 2009, el Ministro Canadiense de Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon,, no mucho antes de la llegada del buque MV Ocean Lady, emitió un comunicado expresando la profunda preocupación de Canadá por las operaciones militares en el noreste del país e informó un incremento de las bajas civiles. La declaración pidió por un pleno, seguro y despejado acceso de los trabajadores humanitarios para los necesitados. El Ministro canadiense ofreció asistencia humanitaria a los desplazados. El Ministro declaró:

“Canadá mantiene al Gobierno de Sri Lanka en un alto estándar por sus acciones y obligaciones, de lo que sería una organización terrorista… Canadá insta al gobierno demuestre su liderazgo en la construcción de la confianza del pueblo de Sri Lanka, que es necesaria para sostener una paz duradera… este conflicto no se puede resolver militarmente. Nuestro gobierno sigue pidiendo una nueva, significativa y durable solución política que responda a las aspiraciones legítimas de todos los habitantes de Sri Lanka.”

Estas fueron excelentes palabras. Más fueron desoídas. El Gobierno de Sri Lanka buscaba una solución militar. Ahora cree que lo ha logrado. Y no existe un verdadero esfuerzo por alcanzar una nueva, significativa, y duradera solución política la cual responda a las aspiraciones legítimas de todos sus habitantes.

Cuando las víctimas, con falta de asesoramiento canadiense, llegaron a nuestras costas, la respuesta del Gobierno de Canadá fue detener a los recién llegados en masa, en virtud de la legislación actual, y proponer una legislación que, en el futuro, impusiera una serie de obstáculos que se oponen a la protección y al asentamiento de un grupo con tales características. Las excelentes palabras de Lawrence Cannon quedaron en el olvido.

 Un Argumento en contra

Se utiliza al Departamento de Estado de los Estados Unidos para emitir opiniones consultivas en la disposición de las solicitudes de asilo individuales. Estas son a menudo determinantes de las reclamaciones.

Opiniones consultivas para las demandas de los países que fueron aliados o incluso amigos de los Estados Unidos tienden a ser negativas, casi independientemente del historial de los derechos humanos de esos países. La legislación de Estados Unidos impide enviar armamento a los transgresores de los derechos humanos. El reconocimiento de refugiados, donde el temido agente de persecución es el gobierno, es un hallazgo en contra del gobierno del pasado o una seria amenaza de violación a los derechos humanos. Porque el gobierno de los Estados Unidos quería apoyar con armamento a los gobiernos de Guatemala y El Salvador bajo el asedio de los rebeldes comunistas, terminó aportando opiniones consultivas en contra de los demandantes de esos países para mantener su política de exportación de armas. El fin de las opiniones consultivas, en Diciembre del año 1990, fue un avance en la protección estadounidense de los refugiados.

La historia parece sugerir que el vínculo entre la política de los derechos humanos y la condición de refugiado pueden ser cercanos, y tales vínculos funcionan en detrimento de la protección de los refugiados. Sin embargo, esa sería una lección equivoca. Seguramente, cuando la política de derechos humanos ha salido defectuosa, cuando la política de derechos humanos promueve sólo de nombre, la protección al refugiado está mejor sin ella. El remedio, en este caso, es una mejor política de derechos humanos, más que una separación entre las políticas de derechos humanos y la condición de refugiado.

 Conclusión

Fracaso en la protección de los refugiados muestra indiferencia ante el sufrimiento de las víctimas. Protestas en contra de los crímenes de los derechos humanos junto con la falta de protección a los refugiados es una hipocresía.

Cuando el gobierno, por un lado protesta en contra de los crímenes en derechos humanos en un país, y por el otro no ofrece protección a los refugiados de dicho país, el mensaje que envía a los transgresores es que las protestas en contra de los crímenes a los derechos humanos son meras palabras, que los que condenan los crímenes a los derechos humanos en realidad no sienten lo que dicen. Fracasar en la protección es una licencia para que los transgresores continúen e incrementen sus malos actos.

Cuando los estados de reubicación dicen no a los refugiados, lo que los transgresores escuchan es que pueden hacer lo que quieran sin  impunidad, sin consecuencias. Decir no a los refugiados envalentona a los trasgresores, hace que los crímenes sean más probables.

El reconocimiento del refugiado y el reasentamiento son más que solo política. Es legal. Determinar la condición de refugiado es un proceso legal, la aplicación de una definición del derecho internacional a los hechos del caso. Los que son reconocidos y reubicados, adquieren un estatus legal.

Fallar en reconocer y reubicar a los refugiados es también legal, la aceptación jurídica de los crímenes en contra de los derechos humanos, las cuales han generado corrientes de refugiados. Una declaración de los ordenamientos jurídicos de los países que no reconocen a los refugiados, contrapesa más que la censura política de los crímenes contra los derechos humanos. Los sobrepasa, porque la regulación jurídica tiene que ser tomado más en serio que la política.

La conexión entre el fracaso en proteger a los refugiados y los crímenes en contra de los derechos humanos parecen tener sentido común. La consecuencia lógica de decirle no a los refugiados es consentir los crímenes.

Para los que ahora no pueden descifrar esto de la lógica, está el Holocausto ante nuestros ojos para dejarnos ver la consecuencia. Quienes quieran evitar crímenes masivos en contra de los derechos humanos deben proteger a los refugiados.

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David Matas es un abogado de derechos humanos internacionales con sede en Winnipeg, Manitoba, Canadá.  Ex-presidente del Consejo  Canadiense para los Refugiados.

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