China ha detenido o juzgado por razones políticas a más de 2,300 personas en 2013, con procedimientos no transparentes para la gran mayoría de ellas, dijo el jueves una ONG.

La policía en la Plaza de Tiananmen en Pekín. (Foto: AFP/ Goh Chai Hin)

Estas 2,318 personas fueron acusadas de “poner en peligro la seguridad del Estado”, un motivo vago y metido a la fuerza para permitir a las autoridades comunistas reprimir la disidencia, y en particular a los miembros de las minorías étnicas.

En un comunicado, la Fundación Dui Hua (Diálogo), con sede en EE.UU., dijo haber analizado las estadísticas oficiales de la oficina del fiscal, centralizadas en Pekín.

La mayoría de los apellidos de las personas afectadas muestran que son de origen tibetano o de Xinjiang, una vasta región parcialmente poblada por musulmanes turcos que son víctimas de discriminación.

Según Dui Hua, en 2013, año en que Xi Jinping tomó el poder, se ha visto un fuerte aumento de procesos por motivos políticos en China.

Durante diez años, este balance sólo fue superado en 2008, año en que ocurrieron violentas protestas en las zonas tibetanas de China.

Las autoridades comunistas chinas han, bajo la presidencia de Xi Jinping, acentuado una campaña destinada a silenciar a los que critican públicamente al régimen.

La represión ha atropellado a militantes de minorías étnicas, abogados, periodistas, universitarios y defensores de derechos civiles. La detención se lleva a cabo a menudo en total secreto.